Las juntas virtuales de las Comunidades de Propietarios ¡ya tienen validez jurídica!

CGAFE y FENITEL reclamaron la acción del Gobierno

 

Actualmente la tecnología, como es evidente, permite la realización de reuniones virtuales y la normativa vigente a las entidades con personalidad jurídica propia faculta esta posibilidad; sucede que la Ley de Propiedad Horizontal solo reconocía validez a las reuniones presenciales para las Comunidades de Propietarios.

 

Es por lo que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, CGCAFE, propuso al Gobierno y a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal en la misma dirección que para las sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones ya habilitó el Real Decreto-ley 26/2020, de 23 de junio, y para las sociedades de capital consolidará un proyecto de Ley en fase final de tramitación.

 

Con soluciones similares a las propuestas por el CGCAFE, a quien FENITEL apoyó en estas gestiones en el marco del acuerdo de colaboración existente entre ambas entidades, ha permitido que el Gobierno finalmente haya resuelto la situación mediante la aprobación el pasado martes 4 de mayo en Consejo de Ministros del Real Decreto-ley 8/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma, y en cuyo CAPITULO II se da respuesta a lo requerido y cuya entrada en vigor se produce el 9 de mayo.

 

UN MILLÓN DE JUNTAS DE PROPIETARIOS SE HAN DEJADO DE CELEBRAR

 

Hasta ese momento en el conjunto de España, en este más de un año de pandemia, se han dejado de celebrar cerca de 1.000.000 de juntas de propietarios, lo que ha conllevado la paralización progresiva de las obras y nuevas instalaciones en los edificios, una vez se han finalizado de ejecutar los presupuestos previamente aprobados. Miles de empresas de múltiples sectores se están viendo afectadas con esta situación al no poder realizarse obras de accesibilidad, eficiencia energética, de telecomunicaciones o de rehabilitación de los edificios en general que, cuando deben ser instadas y abonadas por las Comunidades de Propietarios requieren necesariamente de su aprobación por su respectiva Junta.

 

Esta situación de bloqueo ha supuesto ya un severo lastre para la actividad de miles de empresas, especialmente microempresas y pymes, que tienen entre sus actividades las de diversas instalaciones o reformas en edificios. Y que de prolongarse más en el tiempo hubiera puesto en riesgo su propia viabilidad con un grave impacto directo sobre el empleo y el tejido empresarial.

 

Además, se estaba impidiendo acceder ya a diversas líneas abiertas de ayudas públicas a las fincas que, al cofinanciar o subvencionar parcialmente actuaciones, requieren de aprobación en Junta de Propietarios para ser abordados.
Era también extremadamente preocupante que, teniendo también, en un corto plazo, que abordarse la necesaria implementación de los fondos Next Generation UE, y estando entre las líneas en las que el Gobierno de España viene trabajando de forma relevante la rehabilitación y renovación de los inmuebles para impulsar su eficiencia energética, digitalización y accesibilidad, si esta situación se hubiera prolongado la gestión de estas ayudas al sector de la edificación habitada no podría producirse.

 

Ahora ya nos encontramos en el momento de que el Gobierno ha tomado, finalmente, este asunto como prioritario y mediante el Real Decreto-Ley se le ha dado solución.
Mediante la presente modificación legislativa de la Ley de Propiedad Horizontal se dan por satisfechas, sustancialmente, las demandas planteadas, que habían generado tres Propuestas No de Ley (PNL), una en el Senado y dos en el Congreso y se habilitan, diferentes medios y vías, para garantizar el funcionamiento ordinario de las Comunidades de Propietarios, así como la adopción de acuerdos, aprobación de actuaciones y de presupuestos de obras e instalaciones, solicitud de ayudas etc.

 

Con ello, se pone fin a una situación de bloqueo que veníamos denunciando reiteradamente desde FENITEL y que afectaba a muchas de nuestras empresas asociadas y a todos los sectores de las diferentes actividades económicas que proveen a las Comunidades de Propietarios, así como a la propia gestión ordinaria de éstas.

 

 

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